La integración de las cuestiones medioambientales en la definición y en la aplicación de las demás políticas europeas (energética, de la investigación, industrial, agrícola, etc.) es esencial para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible. Dicho principio, introducido por el Tratado de Maastricht y la Cumbre de Cardiff en 1998, ha sentado las bases de una acción coordinada sobre el plan europeo.
A continuación, en mayo de 2001, la Unión Europea adoptó una estrategia en favor del desarrollo sostenible, que se revisó en 2006 para solucionar las deficiencias detectadas y darle un nuevo impulso. La alianza mundial por el desarrollo sostenible, adoptada por la Comisión en 2002, le imprimió, por otro lado, una dimensión externa.
De ahora en adelante, el Tratado de Lisboa incluye el desarrollo sostenible entre los objetivos perseguidos por la Unión Europea (artículo 3 § 3 del Tratado de la Unión Europea).
Los objetivos de estos tratados se basa en la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,así como la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, en especial, la lucha contra el cambio climático.
La Unión Europea establece una estrategia a largo plazo que combina las políticas para el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, con el fin de mejorar de forma sostenible el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras.
Esta estrategia establece un marco político a escala de la Unión Europea (UE) para permitir el desarrollo sostenible, es decir, para responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades.
Esta estrategia establece un marco político a escala de la Unión Europea (UE) para permitir el desarrollo sostenible, es decir, para responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades.
El objetivo de esta estrategia, que es complementaria de la Estrategia de Lisboa, debe ser el de servir de catalizador ante la opinión pública y los responsables políticos para influir en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre los principales desafíos identificados, así como en medidas transversales, financiación adecuada, la participación de todas las partes interesadas y una aplicación y seguimiento eficaces de las políticas.
Los principios básicos de la estrategia son los siguientes:
- promoción y protección de los derechos fundamentales;
- solidaridad intra e intergeneracional;
- garantía de una sociedad abierta y democrática;
- participación de los ciudadanos, empresas e interlocutores sociales;
- coherencia e integración de las políticas;
- explotación de los mejores conocimientos disponibles; y
- principios de precaución y de «quien contamina, paga»
